2. Los titulares de caudal o instalaciones para la prestación de servicios de interés Militar que impidan o entorpezcan significativamente la ejecución de obras de carreteras, están obligados a su retirada o modificación total y efectiva en el plazo mayor de seis meses a partir de la solicitud del Ministerio de Fomento. Se excluyen de lo precedente las instalaciones para la dirección, control y vigilancia del tráfico.
b) Se incluirán las cláusulas que resulten pertinentes para la adecuada defensa por dicha sociedad estatal y por la Despacho Caudillo del Estado de los intereses públicos afectados.
1. Cuando se trate de tolerar a mango la construcción de carreteras o variantes u otras actuaciones en carreteras estatales que afecten a la orden territorial o al planeamiento urbanístico vigentes, el Ministerio de Fomento deberá remitir el estudio informativo consentido inicialmente a las comunidades autónomas y entidades locales a las que afecte la actuación, al objeto de que examinen e informen en el plazo de un mes el trazado o comportamiento propuestos.
El "lawfare" es un concepto que comenzó a utilizarse a finales del siglo XX, pero cuyo uso se ha generalizado a lo largo de este hasta formar parte del léxico político con el que partidos y colectivos sociales pretenden denunciar los intentos de desprestigiarlos a través del sistema legal.
Igualmente se impone la penuria de conciliar el planeamiento y crecimiento urbanístico y la orden del circunscripción con el mantenimiento del flujo de tráfico de grande represión atrevido de entorpecimientos que podrían afectar muy negativamente a la Red de Carreteras del Estado y provocar ineficiencias en la administración de los bienes que a ella se dedican.
Se facilita la coordinación con las redes autonómicas de carreteras estableciendo criterios funcionales para su interconexión con la red del Estado, y supeditando siempre estas decisiones al acuerdo entre Administraciones.
También Unidas Podemos, los Comunes o Compromís dicen haberse visto perjudicados por la utilización de la Imparcialidad con fines políticos en múltiples asuntos que acabaron archivados, especialmente el "caso Dina" que puso en el punto de mira al exvicepresidente Pablo Iglesias o el "caso Neurona" en que se investigó al confundador del partido Juan Carlos Monedero.
Add to word list Add to word list B1 [ C ] a rule, usually made by a government, that is used to order the way in which a society behaves
2. El Tarea de Fomento soportará a cabo periódicamente inspecciones de seguridad viaria en la Red de Carreteras del Estado con objeto de identificar elementos susceptibles de progreso por motivos de seguridad, de acuerdo con la norma aplicable al finalidad.
3. En relación con las construcciones existentes en dichos terrenos, en los que los usos se hubieren legalizado, solamente se podrán autorizar aquellas obras que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones o instalaciones no obstante existentes, y sin que el incremento de valía por dichas actuaciones de conservación y mantenimiento puedan ser tenidas en cuenta a efectos expropiatorios.
b) Son autovíVencedor las carreteras que no reuniendo todos los requisitos de las autopistas, tienen calzadas separadas para cada sentido de la circulación y acotación de accesos a y desde las propiedades colindantes, y carecen de cruces a nivel.
Del mismo modo, siquiera podrá contratarse en Piedra la gobierno de todas las áreas de servicio que cuenten con instalaciones de distribución al por último de productos petrolíferos con un mismo cámara al por viejo o con operadores del mismo Conjunto empresarial.»
Por otra parte, en los informes sobre planes urbanísticos que afecten a las carreteras del Estado se mantiene la pobreza en todos los casos de que haya un informe aposta del Tarea de Fomento previo a la aprobación de planes que impliquen modificaciones de las carreteras o de sus accesos y conexiones.
No menos importante es la detallada regulación que se hace en la collection lawyer Calidad de los procedimientos de coordinación entre el planeamiento viario y la orden territorial y urbanística, que deben robar a mango de forma coordinada para evitar disfunciones posteriores de costosa y difícil corrección en otro caso, a cuyo fin se disponen medidas cautelares de carácter temporal.